BIENVENIDOS

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miércoles, 30 de junio de 2010

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

EL HONORABLE SENADO DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS:

Vería con agrado que la Honorable cámara de Diputados, a través de su presidente disponga se trate el Proyecto de Ley de Autoridad Única del Agua, que ya cuenta con media sanción del Senado

Paraná, (E.R.), Junio de 2010.-

CESAR EDUARDO MELCHIORI

Senador Provincial-PJ

Dpto. Islas- E. Rios.

FUNDAMENTOS

Por las recientes catástrofes hídricas producidas en el territorio provincial, primero sequías y después inundaciones, hacen extremadamente necesaria el tratamiento del proyecto de ley de Autoridad Única del Agua.-

El mismo contempla el uso racional de un elemento vital como el agua y la previsión de escurrimientos, profundización de causes y obras necesarias para paliar los daños que produzcan estos fenómenos climáticos.-

CESAR EDUARDO MELCHIORI

Senador Provincial-PJ

Dpto. Islas- E. Rios.

PROYECTO DE COMUNICACIÓN


PROYECTO DE COMUNICACIÓN

EL HONORABLE SENADO DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS:

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial, prevea un incremento en la partida o una partida especial, para que la Dirección de Hidráulica, pueda acceder a comprar maquinarias y equipamiento necesario, para el desarrollo ágil y a tiempo de las tareas inherentes a su función.-

Paraná, (E.R.), Junio de 2010.-

CESAR EDUARDO MELCHIORI

Senador Provincial-PJ

Dpto. Islas- E. Rios.

FUNDAMENTOS

Se torna extremadamente necesario para proceder a limpiar los arroyos y las márgenes de los ríos, de la Provincia, para hacerlos navegables, la adquisición urgente de , maquinarias como excavadoras, topadoras, carretones y camiones, que permitan la quita de troncos, la limpieza de orillas de ríos y arroyos y el traslado y/o desplazamiento de los mismos por todo el territorio provincial.-

CESAR EDUARDO MELCHIORI

Senador Provincial-PJ

Dpto. Islas- E. Rios.

martes, 29 de junio de 2010

ADJUDICARON LA OBRA PARA LA ELECTRIFICACIÓN RURAL EN RINCÓN DEL DOLL, ARROYO ÑANCAY Y Aº BALTASAR

Demandará una inversión de casi 1,4 millones de pesos, tiene un plazo de ejecución de 240 días y beneficiará a emprendimientos productivos y a usuarios residenciales.

PARANÁ. Junio 30. El senador provincial Eduardo Melchiori (Islas del Ibicuy – PJ) anunció que se adjudicó la obra de extensión del sistema eléctrico en zonas rurales de los departamentos Victoria e Islas del Ibicuy denominada Rincón del Doll - Arroyo Ñancay - Arroyo Baltasar. La empresa Del Litoral Obras, Servicios y Montajes S.A. resultó como adjudicataria con una cotización de 1.380.724,14 pesos, según aportó el legislador.

El legislador informó que los trabajos a ejecutar -que se realizarán con recursos provinciales- tendrán una inversión cercana a 1,4 millones de pesos”. Destacó además que el tendido brindará el servicio de energía eléctrica a 35 adherentes, entre pobladores y emprendimientos productivos.

Melchiori recordó que el año pasado se realizó el correspondiente llamado a licitación, donde tres empresas presentaron sus propuestas. Además de la firma ganadora, también concursaron: Eco Ingeniería SRL, que cotizó 1.593.672,87 pesos, y SMA Ingeniería SRL, con 1.598.178,12 pesos.

El representante del Departamento insular afirmó que, el gobierno provincial llegará con el sistema eléctrico a zonas rurales donde hoy no existe el servicio, en algunos casos son para diversos emprendimientos productivos y otros para residenciales”. Indicó que “habrá 30 días para hacer la evaluación y luego otros 30 para iniciar la obra”.

El senador consideró que: “El Plan Entrerriano de Electrificación Rural aportará sustancialmente, al desarrollo de las regiones rurales de nuestra provincia. En este sentido es bueno resaltar la idea y la acción impulsada por el gobernador Urribarri, para que este Plan abarque la totalidad del territorio provincial”, concluyó.

viernes, 25 de junio de 2010

Lo había denunciado el ex fiscal

Para Rovira la causa de Pacayut “viene desinflada”

Aseguró que desde la FIA se aportaron las pruebas suficientes para demstrar el fraude. Pero “como todas las causas que involucran a personajes muy encumbrados la Justicia no sigue, comienza a desembarcar el buque de la imputación”, graficó.

Chajarí. 25-06-10. (RN).- El ex Fiscal de Investigaciones Administrativas, Oscar Rovira, aseguró que la causa judicial por el destino de un ATN para obras en el Puerto de Ibicuy “es una causa en la que comienza a desembarcar el buque de la imputación”. Para el funcionario de Montiel, la causa “viene muy desinflada, la denunciamos desde la Fiscalía de Investigaciones Administrativas con pruebas suficientes como partícipes de un fraude”. Y, añadió:“Como todas las causas que involucran a personajes muy encumbrados la Justicia no sigue, comienza a desembarcar el buque de la imputación”, indicó

La Corte Suprema de Justicia de la Nación hace poco declaró “mal concedido” el recurso extraordinario que interpuso la defensa del ex senador justicialista Abelardo Félix Pacayut, su hermano Carlos y el de los otros seis imputados por el delito de peculado.

La causa “hoy llega desinflada con los Pacayut y otros seis más que no sé quiénes serán”. Aunque señaló que posiblemente se trata de “quienes conformaron una Comisión de Amigos del Puerto de Ibicuy; así se inició la estafa”.

En tal sentido, señaló que eran personas “que no tenían ninguna solvencia y, algunos de ellos, eran absolutamente inimputables por no comprender lo que estaban haciendo. No tenía ninguna posibilidad de comprender en qué se los estaba embarcando”, agregó.

Rovira dijo a Radio Chajarí que la Fiscalía demostró que, “todo eso era una simulación para apoderarse de dinero del Estado”. Y explicó además que, “el ATN llegó al gobierno de Entre Ríos, y éste la destinó inmediatamente a la comisión de amigos. Inmediatamente la comisión de amigos la depositaba en una cuenta en Buenos Aires a nombre de la empresa Perfomar”, detalló.

El ex fiscal recordó que a la licitación por U$S 18 millones no sólo concurre Perfomar Sociedad Anónima, sino también Luis Losi Sociedad Anónima, el Grupo Petersen, Eskenazi -actual dueño del Banco de Entre Ríos-, y TNT. “Cuando nosotros desde la Fiscalía preguntamos Luis Losi y al grupo Petersen. por los antecedentes de esas licitaciones, si conservan los proyectos de lo que iba hacer el Puerto de aguas profundas de Ibicuy nos dicen que no tienen ningún antecedente, que cuando no gana la licitación, ellos tiran todo. Entonces, eso lo pone a usted en evidencia de que fue uno de los grandes y uno de los muchos fraudes al Estado nacional”. (RecintoNet)

jueves, 24 de junio de 2010

Caso puerto Ibicuy:

los hermanos Pacayut irán a juicio por decisión de la Corte
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Ocho personas están acusadas de un desvío millonario de ATN.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) declaró “mal concedido” el recurso extraordinario que interpuso la defensa del ex senador justicialista Abelardo Félix Pacayut, su hermano Carlos y el de los otros seis imputados por el delito de peculado, en la causa por el destino que tuvieron los millonarios Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que debían destinarse a la reparación del puerto Ibicuy, durante la segunda gestión del ex gobernador Jorge Busti. Según el argumento de la defensa, a los imputados se les agravó la situación procesal, cuando se elevó la causa a juicio, adjudicándoles un delito más grave que por el cual habían sido procesados inicialmente y por ese motivo solicitaban a la Corte que se declare nulo el auto de procesamiento. La Corte consideró que “los recursos extraordinarios no se dirigen contra una sentencia definitiva o equiparable a tal (artículo 15º ley 48º), por lo que “se los declara mal concedidos”, afirmó.

El fallo, fechado el 8 de junio y firmado por Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni y Carmen Argibay, desestima las pretensiones que tenían los hermanos Pacayut y los otros seis imputados que habían cuestionado la resolución que dispuso el auto de procesamiento.

Desde la Oficina Anticorrupción de la provincia, que actúa como querellante en la causa, el abogado Gustavo Acosta indicó que “se está tramitando otro recurso extraordinario que fue interpuesto, y se espera la auto elevación a juicio y citación que deberá resolver el Superior Tribunal de Justicia”.

En cuanto a la prescripción, el letrado indicó que “teniendo en cuenta que uno de los imputados fue funcionario público, y la condena de peculado sería de unos 10 años, creo que los plazos no se vencerían el año próximo”.

“El Tribunal ya garantizó la absoluta defensa, incluso creo que ha sido muy generoso en ese aspecto, prolongando esta situación”, sostuvo Acosta en declaraciones al programa A quien corresponda (Radio De la Plaza).

En cuanto a que la Oficina Anticorrupción está como querellante en la causa, el abogado señaló: “Vamos a cumplir en cuidar los intereses del Estado y seguimos a la espera de las resoluciones”.

El caso

En rigor, lo que los imputados cuestionaron a través de un recurso extraordinario ante la Corte –el que no fue concedido–, fue por el auto de procesamiento que dispuso el delito de peculado. Según el argumento de la defensa, a los imputados se les agravó la situación procesal, cuando se elevó la causa a juicio, adjudicándoles un delito más grave que por el cual habían sido procesados inicialmente y por ese motivo solicitaban a la CSJN que se declare nulo el auto de procesamiento.

A decir de la defensa –cuestionamiento que también hicieron en abril pasado ante la Sala Nº 1 de Procedimientos Constitucionales y Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) cuando interpusieron un recurso de casación contra la resolución de elevación a juicio, del que tampoco obtuvieron un fallo favorable– con el cambio de la calificación legal, hubo una violación de los derechos de los imputados.

Así la cosa, la reciente resolución de la CSJN, lo que dispone es que el caso vuelva al juzgado de origen, es decir la Cámara del Crimen de Paraná, donde se deberá sustanciar el juicio oral y público para los hermanos Pacayut y otras seis personas, imputadas de delito de peculado.

La investigación contra el ex senador Abelardo Pacayut, la inició la ex Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA). La denuncia se interpuso el 31 de marzo de 2001 y pese a los años transcurridos, todavía no se pudo fijar fecha para el juicio oral y público, situación que se espera que suceda ahora con la reciente resolución de la Corte Suprema.

Los procesados están acusados de peculado en perjuicio de la administración pública, a raíz de los millonarios Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que llegaron a la provincia durante la segunda gestión de Jorge Busti (1997), los cuáles debían destinarse para las obras del Puerto Ibicuy.

Sin embargo, por aquellos años, se constituyó un grupo que se autodenominó “Comisión de fomento pro desarrollo del Puerto de Ibicuy – Asociación Civil sin fines de lucro”, sin personería jurídica ni sede social.

Fue esa comisión, la que encaró la concreción de la obra “Ampliación Puerto Ibicuy”. La precaria asociación civil convocó a una licitación privada y adjudicó la ejecución de la obra a la firma “Perfomar SA”, con supuesto domicilio en la ciudad de Buenos Aires, por un monto de 29.855.057 pesos (en esa época había paridad uno a uno con el dólar) más IVA.

Luego de advertirse, sorpresivamente, las carencias y limitaciones de la asociación, así como la idoneidad en la materia del Instituto Portuario Provincial (IPP) y el Ente Autárquico Puerto Ibicuy (EAPI), la Comisión de Fomento ceden el contrato suscripto con Perfomar SA a las entidades públicas.

El convenio se formalizó en Ibicuy entre la asociación, Carlos y Abelardo Pacayut como presidentes respectivamente del EAPI y el IPP. Fue un instrumento privado, sin firmas certificadas ni fecha cierta, y sin ninguna mención a la previa conformidad de Perfomar SA.

“Los funcionarios admiten y hacen asumir al Estado el negocio que la asociación fantasma había concertado con Perfomar SA”, se afirmó en la denuncia. La historia continuó con una serie de modificaciones sustanciales a las cláusulas contractuales y una interminable lista de irregularidades en el manejo de recursos públicos.

Se acusa a los hermanos Pacayut de haber sustraído la suma de casi 14 millones de pesos que, entregados ó transferidos a Perfomar SA (adjudicataria de los trabajos de la ampliación del Puerto Ibicuy) en concepto de “anticipo”, que “nunca fueron restituidos ni rendidos, ni reconocen como contraprestación trabajos ejecutados por la misma”, se indica en la causa.

“Además, los trabajos encarados por la provincia (que demandaron una inversión de alrededor de 10 millones de pesos) habrían sido cobrados con un sobreprecio que asciende al 60 por ciento”, se denunció, tras lo cual se concluyó que “todo lo cual terminó en una obra que resultó inviable con un millonario perjuicio económico al erario público”.

Además de los hermanos Pacayut, en esta causa están procesados: Norberto Durrels, Rafael Alberto Morana, Alberto Víctor Gavio, Julio César Ivanovich y Carlos Alberto Lovera. Los dos primeros como autores principales, y el resto como partícipes necesarios del mencionado delito, considerados responsables de prestar una contribución fundamental en la gestión del ATN, publicó El Diario.

Senadores y Tribunal de Cuentas en reunion de Comision de Legislacion General

Senadores recibieron a funcionarios del Tribunal de Cuentas







[24/06/2010 | 06:00 ] - Lo hicieron en una reunión conjunta de las comisiones de Legislación General y de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, presididas por los Senadores Eduardo Melchiori y Aldo Ballestena, respectivamente; Es en el trabajo que se realiza en el Senado sobre todos los proyectos que reglamentan institutos incorporados o reformados en la reforma constitucional de 2008; Estuvieron con los legisladores José Luis Gea Sánchez (Vocal), José Miranda (Vocal), Guillermo Smaldone (Fiscal de Cuentas), Luis María Campos (Asesor Jurídico) y Federico Tomás (Secretario Letrado).



Cabe mencionar que el Tribunal de Cuentas es un órgano de contralor externo con autonomía funcional, propone y ejecuta su propio presupuesto, designa y remueve su personal y tiene a cargo diversas funciones. Recientemente la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley que reglamenta el accionar de este instituto de la Constitución.

Los integrantes del Tribunal explicaron cómo se está trabajando en el organismo y relataron que oportunamente acercaron sus puntos de vista sobre el proyecto de ley a la Cámara Baja. El texto, que ya cuenta con media sanción, “incorporó parte de las consideraciones”, explicó Gea Sánchez.

Los legisladores consultaron sobre la participación actual en el control de las cuentas municipales. Se explicó que se audita la documental a partir del año posterior al cierre del ejercicio. Es decir que un mandato de cuatro años, una vez concluido por parte de un jefe comunal, es auditado cuando ya concluyó el mismo.

No obstante ello, para agilizar el trabajo y lograr la aplicación de la normativa vigente, de forma continua se intercambia puntos de vista desde el Tribunal con los municipios.

El senador Ballestena considero que se tienen que encontrar mecanismos ágiles que permitan profundizar los controles y además terminar más rápido, que es modo de responder a la demanda ciudadana. Los responsables del organismo constitucional relataron que en los últimos años tanto los auditores del Tribunal como los contadores municipales se han ido profesionalizando.

Los cambios por venir: la carta orgánica

En el diálogo destacaron que “habrá importantes cambios en los sistema de control y en la intervención del organismo en las comunas, cuando los municipios dicten sus cartas orgánicas, ya que de acuerdo a la letra constitucional deberán tener organismos de control interno, para lo que deberán invertir en infraestructura y en la incorporación de recursos humanos”.

“Son cambios necesarios e ineludibles”, opinó Gea Sánchez.

Indicó que la autonomía significa la generación de libertades, pero para lograr una institucionalización completa, se tendrán que hacer inversiones que permitan el control interno del manejo de los recursos.

En cuanto a la reglamentación, los legisladores sostienen, como lo han hecho en relación a otros proyectos de ley sobre institutos de la constitución, que la misma debe ser coherente, aplicable. “No queremos poner a andar todo esto con el impulso de caprichos, por eso nos parece importante tener el punto de vista de los que llevan adelante institutos que deben salir fortalecidos en este proceso”, afirmó Ballestena.

En tanto el Senador Díaz explicó que “con todo este trabajo queda claramente demostrado lo bueno que es contar con un sistema bicameral”.

Los vocales y funcionarios del organismo añadieron que se observa todo lo relacionado con la reglamentación y con la confección de una orgánica adecuada del Tribunal, que va a contar, una vez sancionada la ley, con representantes de ambas Cámaras.

Expresaron que estos representantes elegidos por los diputados y senadores tendrán una intervención amplia en los temas de competencia e intervendrán en el pleno del Cuerpo.

Comentaron que a impulso del Tribunal se incorporó en el proyecto el contenido del artículo 42, en lo referido al examen y juicio de las cuentas rendidas por las personas físicas o Jurídicas de derecho privado que reciban subsidios o aportes del Estado Provincial o de los referidos Municipios.

En el encuentro, realizado en la sala de reuniones del Senado, en el segundo piso de la Casa de Gobierno, y que se extendió por más de una hora, se realizaron comentarios y consideraciones sobre el artículo 50, el que se refiere a la responsabilidad de los empleados o funcionarios públicos por daños causados al patrimonio del Estado Provincial, Municipal, Entes Descentralizados, Autárquicos o Sociedades con algún grado de participación estatal, por conductas culposas o dolosas, la que será juzgada exclusivamente por el fuero contencioso administrativo.

En este aspecto el Tribunal de Cuentas examinará los supuestos en que tal responsabilidad pudiera tener lugar y remitirá sus conclusiones y antecedentes al Fiscal de Estado para que proceda a promover ante el Tribunal competente la demanda por resarcimiento de los perjuicios irrogados.


[24/06/2010 | 06:00 ] - Lo hicieron en una reunión conjunta de las comisiones de Legislación General y de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, presididas por los Senadores Eduardo Melchiori y Aldo Ballestena, respectivamente; Es en el trabajo que se realiza en el Senado sobre todos los proyectos que reglamentan institutos incorporados o reformados en la reforma constitucional de 2008; Estuvieron con los legisladores José Luis Gea Sánchez (Vocal), José Miranda (Vocal), Guillermo Smaldone (Fiscal de Cuentas), Luis María Campos (Asesor Jurídico) y Federico Tomás (Secretario Letrado).



Cabe mencionar que el Tribunal de Cuentas es un órgano de contralor externo con autonomía funcional, propone y ejecuta su propio presupuesto, designa y remueve su personal y tiene a cargo diversas funciones. Recientemente la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley que reglamenta el accionar de este instituto de la Constitución.

Los integrantes del Tribunal explicaron cómo se está trabajando en el organismo y relataron que oportunamente acercaron sus puntos de vista sobre el proyecto de ley a la Cámara Baja. El texto, que ya cuenta con media sanción, “incorporó parte de las consideraciones”, explicó Gea Sánchez.

Los legisladores consultaron sobre la participación actual en el control de las cuentas municipales. Se explicó que se audita la documental a partir del año posterior al cierre del ejercicio. Es decir que un mandato de cuatro años, una vez concluido por parte de un jefe comunal, es auditado cuando ya concluyó el mismo.

No obstante ello, para agilizar el trabajo y lograr la aplicación de la normativa vigente, de forma continua se intercambia puntos de vista desde el Tribunal con los municipios.

El senador Ballestena considero que se tienen que encontrar mecanismos ágiles que permitan profundizar los controles y además terminar más rápido, que es modo de responder a la demanda ciudadana. Los responsables del organismo constitucional relataron que en los últimos años tanto los auditores del Tribunal como los contadores municipales se han ido profesionalizando.

Los cambios por venir: la carta orgánica

En el diálogo destacaron que “habrá importantes cambios en los sistema de control y en la intervención del organismo en las comunas, cuando los municipios dicten sus cartas orgánicas, ya que de acuerdo a la letra constitucional deberán tener organismos de control interno, para lo que deberán invertir en infraestructura y en la incorporación de recursos humanos”.

“Son cambios necesarios e ineludibles”, opinó Gea Sánchez.

Indicó que la autonomía significa la generación de libertades, pero para lograr una institucionalización completa, se tendrán que hacer inversiones que permitan el control interno del manejo de los recursos.

En cuanto a la reglamentación, los legisladores sostienen, como lo han hecho en relación a otros proyectos de ley sobre institutos de la constitución, que la misma debe ser coherente, aplicable. “No queremos poner a andar todo esto con el impulso de caprichos, por eso nos parece importante tener el punto de vista de los que llevan adelante institutos que deben salir fortalecidos en este proceso”, afirmó Ballestena.

En tanto el Senador Díaz explicó que “con todo este trabajo queda claramente demostrado lo bueno que es contar con un sistema bicameral”.

Los vocales y funcionarios del organismo añadieron que se observa todo lo relacionado con la reglamentación y con la confección de una orgánica adecuada del Tribunal, que va a contar, una vez sancionada la ley, con representantes de ambas Cámaras.

Expresaron que estos representantes elegidos por los diputados y senadores tendrán una intervención amplia en los temas de competencia e intervendrán en el pleno del Cuerpo.

Comentaron que a impulso del Tribunal se incorporó en el proyecto el contenido del artículo 42, en lo referido al examen y juicio de las cuentas rendidas por las personas físicas o Jurídicas de derecho privado que reciban subsidios o aportes del Estado Provincial o de los referidos Municipios.

En el encuentro, realizado en la sala de reuniones del Senado, en el segundo piso de la Casa de Gobierno, y que se extendió por más de una hora, se realizaron comentarios y consideraciones sobre el artículo 50, el que se refiere a la responsabilidad de los empleados o funcionarios públicos por daños causados al patrimonio del Estado Provincial, Municipal, Entes Descentralizados, Autárquicos o Sociedades con algún grado de participación estatal, por conductas culposas o dolosas, la que será juzgada exclusivamente por el fuero contencioso administrativo.

En este aspecto el Tribunal de Cuentas examinará los supuestos en que tal responsabilidad pudiera tener lugar y remitirá sus conclusiones y antecedentes al Fiscal de Estado para que proceda a promover ante el Tribunal competente la demanda por resarcimiento de los perjuicios irrogados.

miércoles, 16 de junio de 2010

NUEVO PROYECTO EN EL SENADO

PROYECTO DE DECLARACION



LA HONORABLE CAMARA DE SENADORES DE LA
PROVINCIA DE ENTRE RÍOS DECLARA

Primero.- de interés del Honorable Senado de la Provincia los restos del embarcadero y puente de transferencia de los ferry boat del ex Ferrocarril Urquiza, situado en la que fuera la Estación Puerto Ibicuy, en la localidad de Ibicuy, en la localidad de Ibicuy, Departamento Islas del Ibicuy.-

Segundo.- Insta al Área del Poder Ejecutivo que competa, a restaurar y preservar el mencionado puente, por considerarlo patrimonio histórico de la provincia.

Paraná (E.R.), junio de 2010



FUNDAMENTOS:

El puente fue inaugurado el 14 de Marzo de 1908, sirviendo de enlace entre nuestra provincia y la de Buenos Aires, bajo la bendición de don Faustino Parera.
Ese día salió de Ibicuy el ferry boat denominado Lucía Carbo, a las 14.30 Hs. cargado con seis jaulas con hacienda, una locomotora y un furgón de cola con destino a Zarate.
También unió el puerto homónimo con el puerto de Buenos Aires, enlace que existió hasta noviembre de 1978. De esta forma conectó la Mesopotamia con el resto del país, transportando todo tipo de carga.

La flota que compañía el servicio estaba integrada por los ferrobarcos: Lucía Carbo, Mercedes Lacroze, Dolores de Urquiza, Carmen Avellaneda, Delfina Mitre y Tabare.

Está considerado un monumento histórico de nuestra provincia, que hoy es visitado por los turistas que llegan a Ibicuy.-


Además es necesario felicitar al grupo de ex ferroviarios que hoy integran el Centro de Jubilados y Pensionados de Ibicuy, por el permanente interés que manifiestan por la reparación y cuidado de esto que consideren parte de la historia del Departamento Islas delIbicuy.-



Dr.CESAR EDUARDO MELCHIORI
Senador Provincial-PJ
Dpto. ISLAS-E.RÍOS