El senador provincial Eduardo Melchiori (PJ-Islas) anticipó que en la última sesión del año de la Cámara Alta se sancionará el Programa de Acompañamiento, Asistencia y Protección de Testigos, Querellantes, Víctimas y/u Operadores intervinientes en las causas Judiciales contra el Terrorismo de Estado. El legislador precisó que luego se presentarán “modificaciones al articulado”, pero remarcó su intención de “rápidamente darle aprobación para que sea promulgado y se ponga en práctica”. La iniciativa funcionará en la órbita de la Secretaría de Justicia.“El programa viene de Diputados en revisión. Teníamos algunas modificaciones para hacerle en el articulado, pero vamos a presentar la modificación posteriormente, porque queremos rápidamente dar sanción ahora, que sea promulgada y que se ponga en práctica”, explicó Melchiori.
Según dijo a APF, las correcciones surgirán en base a consultas que realizaron con organismos y organizaciones que trabajan por el cumplimiento de los derechos humanos.
La propuesta de ley fue elaborada por el diputado Jorge Kerz (PF-Paraná) junto al ex gobernador Jorge Busti y aprobada por la Cámara Baja en 2008. Y según señala, se establecerán “medidas especiales de asistencia y protección de personas en los procesos penales donde se investiguen responsabilidades por las graves violaciones a los derechos humanos”.
Estará a cargo de un coordinador y de un equipo interdisciplinario. Además, funcionará en la órbita de la Secretaría de Justicia y el texto de su creación manda, entre otros puntos a “adecuar el presupuesto” de la cartera que conduce Lucila Haidar, “para su implementación”.
Según dijo a APF, las correcciones surgirán en base a consultas que realizaron con organismos y organizaciones que trabajan por el cumplimiento de los derechos humanos.
La propuesta de ley fue elaborada por el diputado Jorge Kerz (PF-Paraná) junto al ex gobernador Jorge Busti y aprobada por la Cámara Baja en 2008. Y según señala, se establecerán “medidas especiales de asistencia y protección de personas en los procesos penales donde se investiguen responsabilidades por las graves violaciones a los derechos humanos”.
Estará a cargo de un coordinador y de un equipo interdisciplinario. Además, funcionará en la órbita de la Secretaría de Justicia y el texto de su creación manda, entre otros puntos a “adecuar el presupuesto” de la cartera que conduce Lucila Haidar, “para su implementación”.
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