Puerto Ibicuy: Va a juicio oral una emblemática causa por corrupción en Entre Ríos
Se trata de la investigación que surgió por denuncia de la ex Fiscalía de Investigaciones Administrativas sobre el uso indebido de un ATN otorgado y percibido por un grupo de personas con destino a obras en el puerto; involucra al ex senador Pacayut
Cuando ya muchos pensaban que una de las causas más resonantes que involucran a ex funcionarios gubernamentales y otras personas en maniobras dolosas –como el caso del ex senador provincial Abelardo Félix Pacayut (PJ-Islas)-, transitaría inexorablemente el camino de la prescripción, pudo conocerse que el expediente finalmente recaló en la Sala I de la Cámara del Crimen, para la realización del juicio oral y público. Ello responde al pedido de elevación formulado por la jueza de Instrucción Nº 1, doctora Patricia Yedro, en base al dictamen de la fiscal Leonor Nader, que tuvo ingreso en la Sala el 4 de setiembre pasado. Se trata de la investigación que se iniciara por denuncia de la ex Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), referida a la utilización indebida de un Aporte del Tesoro Nacional (ATN) otorgado y percibido por un grupo de personas con destino a obras en el Puerto de Ibicuy, determinándose que se incurrió en la figura de “peculado de bienes” (artículo 261 del Código Penal), debiendo añadirse la aplicación de sobreprecios. El monto original –sin actualización aún- fue de 24 millones de pesos/dólares, debiendo apuntarse que hubo connivencia entre autoridades de entes oficiales con empresarios y profesionales particulares.
Los procesados que deberán enfrentar al Tribunal- cuya integración aún no está resuelta, según se indicó a Análisis Digital- , son los hermanos Abelardo Félix y Carlos Fernando Pacayut, Norberto Durrels, Rafael Alberto Morana, Alberto Víctor Gavio, Julio César Ivanovich y Carlos Alberto Lovera (los dos primeros como autores principales y el resto como partícipes necesarios del mencionado delito, considerados responsables de prestar una contribución fundamental en la gestión del ATN). Todo esto ocurría por 1997, es decir, hace nada menos que doce años, siendo esta cuestión investigada por el órgano de contralor creado durante la gestión de Sergio Montiel y que presidía el doctor Oscar Rovira.
Lo más lamentable de este caso, es que el expediente, de unas 1.500 fojas, ya estaba listo para su elevación a juicio en mayo de 2008 según requerimiento de la Fiscal Nader, pero debió sufrir una intolerable demora en virtud de los reiterados recursos interpuestos por los letrados defensores, empleándose para ello argumentos dilatorios que perseguían como único fin lograr la prescripción de la causa. Está claro que la medida adoptada en sede instructoria, termina echando por tierra los propósitos que sobrepasaban cualquier celo profesional.
Vale recordar que Abelardo Pacayut era por entonces presidente del Instituto Portuario Provincial, mientras Carlos Pacayut se desempeñaba al frente del Ente Autárquico Puerto Ibicuy, habiéndose constituído una denominada Comisión Pro Desarrollo del Pueto Ibicuy, de la que no se supo más. En tanto Gavio era el principal de la empresa Performar, con quien Durrels formalizara un contrato el 1º de octubre de 1997 para ejecutar los trabajos. Pero dicho contrato es cedido a los organismos que conducían los hermanos Pacayut, el 17 de febrero de 1998.
Sin embargo, una serie de dicatámenes técnicos a cargo de profesionales de la ingeniería, incorporados a la causa en 2002, resultaron lapidarios y demoledores, ya que señalan que el Estado recibió una obra millonaria y ruinosa, con inoperabilidad del muelle y un colapso parcial del cablestacado, demandando una gran inversión para poder completar las obras.
De acuerdo a la instrucción, los pagos de fondos públicos otorgados desde el Ministerio del Interior, beneficiaron a Gavio, habiendo sido recibidos por Carlos Pacayut y el Contador Morana.
De acuerdo a lo determinado por la justicia en la etapa de instrucción, en su carácter de presidente del Ente Autárquico Puerto Ibicuy e Instituto Portuario Provincial respectivamente –lo que lideraba el hermano de Pacayut- y en connivencia previa con el resto de los coimputados, sustrajeron fondos públicos destinados a la obra de ampliación y reactivación del puerto que, por la función que cumplían, percibían y administraban, los que habían sido gestionados y obtenidos por los miembros de la Asociación Pro Fomento Puerto Ibicuy. Con estos dineros públicos se vieron beneficiados en forma directa Víctor Gavio, titular de la empresa Perfomar, encargada del proyecto.
Asi fue como lograron apoderarse de la suma aproximada de 14 millones de pesos/dólares, que fueron entregados a Gavio en representación de la firma Perfomar SA, en carácter de anticipos, sin haber exigido ningún tipo de rendición por esta firma. A esa cifra se suma la de aproximadamente 10 millones de dólares que se calcularon en base a los sobreprecios cobrados por la firma, por los trabajos efectivizados, teniendo en cuenta los de mercado de la época, monto que fue efectivizado por la provincia.
De esta manera, los citados funcionarios, a quienes se les había confiado el manejo y administración de los fondos públicos, quebrantaron la confianza depositada en ellos en razón de sus cargos. En la resolución judicial de la fiscal, en la que se hace la elevación a juicio, se consigna específicamente que “para que se consume el delito de peculado es necesario que en algún momento el vínculo con el ámbito de custodia de la administración se quebrante. Indudablemente -se agregó, de acuerdo a lo que accedió Análisis Digital- esto ocurrió en el supuesto en examen, toda vez que ha quedado sobradamente acreditado que por todas las vías se trató de excluir el contralor oficial la obra de refuncionalización del Puerto Ibicuy”.
Con respecto a los cómplices -Durrels, Morana, Ivanovich, Lovera y Gavio- se consigna que “sin la colaboración que ellos prestaron, de acuerdo al plan que preconcibieran y cumpliendo cada uno de ellos un rol fundamental y claramente definido, los hermanos Pacayut no hubieran podido concretar su maniobra delictiva. De esta manera, los miembros de la comisión gestionaron la obtención de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que presuntamente iban a ser destinados a la concreción de la obra, contrataron la empresa que estaría a cargo del desarrollo del proyecto, vinculándose con el coimputado Gavio. Posteriormente transfirieron el contrato de Estado, logrando de ese modo que el dinero no fuera invertido en aquello para lo cual había sido destinado, beneficiando directamente a Gavio, a quien se le asignó el carácter de depositario de los fondos públicos”, se agregó.
Sólo resta el decreto de citación a las partes y fijación de la fecha de inicio del debate. Una novedad que lleva a pensar que la justicia –si no hay intromisiones extrañas ni nuevas chicanas- tendrá la oportunidad de llevar adelante un juicio tan largamente aguardado.(RN)
Fuente: Análisis Digital
Al igual que en la provincia de Misiones
PROPONEN QUE POLICÍA ESPECIALIZADA EN DELITOS RURALES Y BOMBEROS SE FORMEN COMO GUARDAPARQUES PROVINCIALES
El cuerpo contribuiría a hacer cumplir las normas legales de conservación y preservación del medio ambiente y del patrimonio natural y cultural.
PARANÁ. Septiembre 30. El senador provincial Eduardo Melchiori (Islas del Ibicuy – PJ) propuso por vía legislativa, un novedoso proyecto instando a que la Policía especializada en Delitos Rurales y el Cuerpo de Bomberos Zapadores sean capacitados para desempeñarse como Guardaparques Provinciales.
En su propuesta, el legislador sugiere que este Cuerpo contribuya -previa capacitación a realizarse fuera de los periodos de alto riesgo-, a alcanzar los objetivos de conservación y preservación del sistema de áreas naturales protegidas; a hacer cumplir las normas legales de conservación y preservación del patrimonio natural y cultural; y a colaborar con autoridades Municipales, Provinciales y Nacionales en las tareas de conservación y preservación del medio ambiente.
Melchiori fundamenta en su moción que en la actualidad, Entre Ríos no cuenta con un cuerpo activo de Guardaparques. En este sentido el texto destaca que “tan sólo hay personal honorario, sin autoridad real”, para actuar al momento de aplicar una sanción por alguna infracción sobre el medio ambiente o el patrimonio natural o cultural cometida dentro del territorio provincial.
“La idea es aprovechar el recurso humano con que cuenta la provincia, en este caso, los agentes que han recibido durante su periodo de instrucción una capacitación especial para actuar contra los delitos rurales e incendios que tienen un buen conocimiento de sus áreas de actuación”, indica el senador.
Además, Melchiori alega en su presentación que, hoy por hoy, existen las normas para proteger los recursos no renovables con que cuenta Entre Ríos, pero no se dispone de las herramientas y de los hombres necesarios para hacerlas cumplir.
Finalmente, el representante de Islas en el Senado manifestó su deseo para que, “el Ejecutivo Provincial analice esta propuesta innovadora que nos permitirá estar en igualdad de condiciones con algunas provincias hermanas que ya cuentan con este tipo de brigadas especializadas”.
NUEVA REUNIÓN DE LA MESA LOCAL DEL PLAN A.H.I.
VILLA PARANACITO. Septiembre 23. En el marco del Plan Nacional de Abordaje Integral perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, se realizó este lunes en Villa Paranacito, una nueva reunión de la mesa de gestión local, que contó con la presencia de representantes nacionales, provinciales y autoridades de entidades locales.
El encuentro que se llevó a cabo en la Municipalidad local desde la hora 16:00, fue presidido por la Intendente Carmen Toller y el Senador Provincial Eduardo Melchiori (Islas del Ibicuy – PJ).
En la oportunidad, se analizaron los avances realizados durante el año y ocho meses que se lleva de gestión y se relanzó el circuito en el orden provincial para optimizar la efectividad de la operatoria. Esto último tomando en cuenta que, por diversas causas, no se obtuvieron resultados positivos según reconocieron los propios actores de la mesa provincial.
Por su parte, la Intendente Toller destacó algunos logros del plan obtenidos directamente desde Nación, tal el caso de la adquisición de una lancha asistencial para el municipio local, y un expediente -próximo a culminar- para el financiamiento de la construcción del nuevo edificio de la escuela Municipal “Nuestra Señora del Rosario”. La Jefa comunal remarcó la labor de la Directora Nacional del Plan AHí, Profesora Silvia Esteban, para la concreción de las gestiones antes mencionadas.
Toller también subrayó que, “desde Desarrollo Social de la Nación se logró la agilización y aumento de un muy importante número de pensiones nacionales, gracias al gran aporte de la Licenciada María Teresa Martínez y su equipo del Centro de Referencia Paraná”.
Por último, la funcionaria local concluyó diciendo: “Tenemos la esperanza que este relanzamiento del circuito provincial, nos permita obtener los proyectos que ya fueron presentados, tal el caso del motor para la lancha ambulancia del hospital local, y una embarcación para la Escuela 14, entre otros. Existe por parte del equipo provincial una propuesta de trabajo más estrecha con la mesa local, que incluiría la gestión de nuevas viviendas sociales; tenemos la esperanza que esto se ponga rápidamente en práctica”, finalizó Toller.
Estuvieron presentes además, el Coordinador del Centro de Referencia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Ernesto Alvarez; la representante del Ministerio de Salud y Acción Social de la Provincia, Lic. Gabriela Leiva; la Subsecretaria de Fomento y Promoción del Empleo, Dra. Marta Poelman, entre otros referentes del plan. En tanto que a nivel local estuvieron, el Juez de Paz, Dr. Abel Rodríguez; el Jefe Zonal de Vialidad, Alberto Matea; la Directora Departamental de Escuelas, Norma Alvarez; Alejandro Olano, en representación de ENERSA; y la Directora del Hogar Municipal “Padre Artemio”, Mónica Romero, además de otros representantes y autoridades comunales.
prensa Municipal de V. Paranacito
SUMAN ALTERNATIVAS
Ley de Ministerios: Una nueva propuesta deja la coordinación en manos del Ministerio de Gobierno
Melchiori ofertó, ante el análisis del texto del Ejecutivo, que sea el ministro de Gobierno "el coordinador" de las carteras y consideró que de este modo se lograría articular los ministerios que serán seis.
PARANÁ. Septiembre 23. La Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos del Senado, que preside Aldo Ballestena (PJ- La Paz) analizó hoy el proyecto de ley de Ministerios que propuso el Poder Ejecutivo, y también la iniciativa del senador Eduardo Melchiori (PJ-Islas) por la que sugiere dejar la coordinación de la media docena de ministerios en manos del ministro de Gobierno. Para Ballestena, una decisión de ese tipo, permitiría "articular" las nuevas carteras.A su vez, Ballestena atendió el reclamo de algunos sectores. Entre ellos, el de las ONG vinculadas a la discapacidad que advirtieron la necesidad de especificar de qué organismo dependerán como la queja de algunos senadores portuarios que procuran evitar que los puertos queden subordinados a otroas reparticiones, resignando así la autarquía.Luego de la reunión, el senador Melchiori dijo a RecintoNet que la idea de un ministro coordinador es similar "a un jefe de gabinete" y advirtió que habrá dificultades para armonizar las atribuciones de cada ministerio "ya que hay temas que se rozan y tocan permanentemente" y como ejemplo de ello, citó la acción Social y el Instituto de Vivienda.De todas maneras, Melchiori entendió que su propuesta fue bien recepcionada por el resto de los senadores durante la labor de comisión.Por su lado, Ballestena dijo que "estamos viendo algunos puntos de vista respecto al Instituto de Discapacidad de las Personas. Hemos recibido a la gente de discapacidad y creemos que como están hoy, que dependen directamente del Gobernador, es muy ejecutivo. Y esto necesita tener celeridad en todos los trámites, por la simple razón de estar atendiendo a gente con capacidades diferentes”, aseguró.“Otro tema que se planteó - añadió - tiene que ver con el Consejo del Menor, que es un ente autárquico y nosotros creemos que debe estar dependiendo directamente del Gobernador, no del Ministerio de Salud y Acción Social”.Y, en declaraciones a APF, dijo que se abordó además “la creación de la Secretaría de Transporte” ya que "creemos que dentro de esta área no sólo tiene que estar Puertos, Vía Navegables, Ferrocarriles, sino también el transporte en sí y LAER”.(RN)
Tal como se hiciera en el San Roque de Paraná
PROPONEN CREAR BIBLIOTECAS INFANTILES EN TODOS LOS HOSPITALES DE LA PROVINCIA
La propuesta presentada en el Senado, también abarca a Centros de Salud que cuenten con psicólogos o psicopedagógos.
PARANÁ. Septiembre 23. El senador provincial Eduardo Melchiori (Islas del Ibicuy – PJ) propuso por vía legislativa, que en todos los Hospitales y Centros de Salud provinciales donde se brinde atención pediátrica, se conformen Bibliotecas Infantiles atendidas por profesionales de la Psicología y Psicopedagogía.
En los fundamentos del proyecto, el legislador indica que la incorporación de Bibliotecas para niños en los centros de atención infantil están dando muy buenos resultados en el País y en el mundo, sobre todo desde el punto de vista socio-terapéutico.
Melchiori considera que: “Si bien estos ámbitos tienden a mejorar la calidad de espera de los pequeños pacientes y de sus familiares, también sirven para monitorear y detectar diversas problemáticas educativas y psicológicas del paciente y de su entorno. Además, la incorporación de esta metodología ayudaría a incentivar el hábito de lectura”, expresa el texto de la propuesta.
En los argumentos, también se destaca que los padres, tutores y/o familiares pueden participar en mini talleres semi–informales de lectura donde se les brindaría también a ellos, la oportunidad de leer y aprender junto al niño.
Melchiori sostiene en su iniciativa que: “Al bajar el nivel de estrés que provoca asistir y permanecer dentro de un nosocomio, mejorando la calidad de estancia del paciente, se colabora indirectamente para acelerar el proceso de recuperación”.
Finalmente, el representante de Islas en la Cámara Alta destacó la flamante creación de la biblioteca infantil “Ma. Mercedes De Giusto” –proyectada por la Dra. Ana Bocedi--, del Hospital Materno-infantil San Roque de la ciudad de Paraná; hecho que por pedido del senador fue declarado de interés legislativo en mayo.
TIENE MEDIA SANCIóN DEL SENADO
Ley de Aguas: Analizan opiniones de organismos vinculados al tema
Trabajarán sobre una propuesta de Melchiori que apunta a concentrar en un solo organismo todo el manejo del recurso: La Administración General Unica del Agua.
PARANÁ. Septiembre 20. La comisión de Tierras y Obras Públicas de la Cámara de Diputados analizará este martes, a partir de las 10, la opinión de organismos vinculados al uso y administración del agua sobre el proyecto de ley del senador Eduardo Melchiori (PJ-Islas) que propone la creación de un organismo que concentre a todos los estamentos vinculados con el manejo de ese recurso. El presidente de la comisión, el diputado Horacio Flores (PJ), precisó a RecintoNet que la intención es "estudiar cómo se incorpora este proyecto al Código Ambiental" cuyo borrador - como se sabe- está siendo expuesto a la opinión de la población a través de una recorrida por la provincia.La propuesta de Melchiori crea un organismo que tendrá a su cargo ejecutar la política hídrica en la provincia denominado como “Administración General Única del Agua” que durante su análisis en el Senado había sido cuestionado por la Federación de Cooperativas de Agua Potable que entendió que antes de crear un organismo debiera elaborarse un marco regulatorio para la utilización del agua y luego, un ente. Melchiori había asegurado, cuando se trató su proyecto, que su aplicación permitiría el “ordenamiento de las cuencas hídricas de la provincia que cuentan con miles de ríos y arroyos”, y por último “planificar y realizar obras para asegurar la transformación de zonas áridas en productivas por medio del manejo de los excesos de agua que se produzcan en otras zonas”. “Tenemos varias leyes, entes descentralizados, muchos organismos oficiales que tienen que ver con el agua y que trabajan en forma independiente y no centralizada. Este proyecto es exactamente al revés de lo que dice la Federación” había justificado en diálogo con RecintoNet, en ese momento, el legislador. “Hoy Minería autoriza la extracción de arena del cauce de un arroyo; Hidráulica advierte que si se profundiza el arroyo, aumenta la velocidad del agua y produce erosión. Por allí, Medio Ambiente autoriza la deposición final del efluente de una fábrica a ese arroyo y aguas abajo, Obras Sanitarias autoriza la toma de ese arroyo para el agua del pueblo. Son áreas del Estado que tienen distintas funciones pero todas tratan sobre el agua y ninguna sabe lo que está haciendo la otra”. El ejemplo presentado por el senador dio pie a que señalara, en esa ocasión, que “la gente no sabe dónde recurrir”. Para el senador debe existir “la autoridad única del agua que conglomere a todos los actores, con brazo ejecutor en los comités de cuenca y consorcios de usuarios porque para que la ley sea eficiente tiene que estar descentralizada en su ejecución pero, centralizada su normatización en un código”. En síntesis, “centralización normativa y descentralización operativa” había marcado Melchiori.El texto, que revisará Diputados, fue remitido para colectar opiniones a la Dirección de Hidraúlica y al Entre Termal, entre otros organismos provinciales. (RN)
(fuente: Recinto Net)
Ley presentada por senador Melchiori
El viernes entró en vigencia el Plan de Manejo del Fuego en la provincia
El secretario de Medio Ambiente, Fernando Raffo confirmó que este viernes 18 entró en vigencia el Plan Provincial de Manejo del Fuego, según lo establece el decreto reglamentario de la Ley Nº 9868 -autoría del senador por Islas, Eduardo Melchiori- firmado el mes pasado por el gobernador Sergio Urribarri.
El funcionario destacó que el Plan fue elaborado en base a las sugerencias realizadas por todo los actores involucrados en la temática como son Defensa Civil, bomberos, policía y productores.Además, destacó que la intención es que toda la información vinculada al tema sea pública, por lo que a partir del viernes también está disponible en el sitio oficial de la Secretaría (www.entrerios.gov.ar/medioambiente), un link con todo lo relacionado al Plan de Manejo de Fuego. Es decir, la Ley presentada por Melchiori, el decreto reglamentario N° 3186, el Plan Provincial y las planillas de autorización, solicitud y aviso de las quemas.
“El objetivo del Plan es instaurar las quemas controladas, con aviso a la Policía quien deberá realizar un parte de incendio diario para ir elaborando un registro de infractores y de incendios diarios, semanales y mensuales, para contar con estadísticas”, precisó Raffo.En tanto, la coordinadora del Plan, Lucía Avellaneda sostuvo que “lo más importante de todo es la prevención y que los vecinos traten de colaborar, además del trabajo coordinado entre todos los actores involucrados”.Y agregó que “si algún vecino identifica algún fuego tiene que llamar a la policía más cercana o al número 100, que en general suena en los bomberos de cada localidad, y la fuerza policial más cercana se hará presente para corroborar la denuncia”. El personal policial que se haga presente en el lugar realizará un acta, que servirá a la Secretaría de Medio Ambiente para elaborar un registro de los infractores.Reiteró que está prohibido realizar quemas, sobre todo en épocas de alto riesgo de incendio. “El productor que quiera realizar quemas controladas deberá solicitar autorización a la Secretaría de Medio Ambiente y cuando tenga la autorización deberá comunicarlo a sus vecinos, a la fuerza policial y a los bomberos cercanos a su domicilio para que todos tengan conocimiento”, advirtió Avellaneda.Y aclaró que los interesados en realizar quemas deben tener en cuenta el índice de peligrosidad que se emite a diario desde el Parque Nacional El Palmar y que en los próximos días comenzará a publicarse en los medios gráficos y radiales, junto con el pronóstico meteorológico.
En la sesión del martes
PESCA DEPORTIVA: “El Senado aprobó modificaciones a la ley de Puertos de Fiscalización”
Con estas medidas, los municipios y Juntas de gobierno obtendrán un beneficio por el control que actualmente realizan de esta práctica en sus respectivas jurisdicciones. El proyecto pasa a Diputados en busca de la aprobación definitiva.
PARANÁ. Septiembre 17. La Cámara Alta entrerriana dio media sanción este martes, a las modificaciones propuestas por el senador Eduardo Melchiori (Islas del Ibicuy – PJ) en tres artículos de la ley Nº 7,156, referida a los Puertos de Fiscalización de la actividad pesquera en nuestra provincia. El texto pasará ahora para ser tratado en Diputados.
En diciembre de 2008, Melchiori presentó dos proyectos tendientes a modificar las leyes que disponen diversas prácticas de manejo del recurso ictícola y establecen distintas zonas de reserva, épocas de veda, especies protegidas, y reglamentos para desarrollar la práctica de la pesca deportiva y también de la comercial. Estas son, la Ley de Pesca (Nº 4.892) y la que obtuviera la aprobación del Senado en la última sesión, la ley de Puertos de Fiscalización.
Según explicó el representante del Departamento Insular, los cambios a los artículos 1º, 5º y 6º de esta normativa apuntan a que los municipios y/o Juntas de gobierno que actúan como entes de fiscalización en sus jurisdicciones en lo que a pesca deportiva se refiere, perciban un porcentaje de los aranceles que se aplican a esta práctica.
Melchiori explicó que la normativa vigente estipula que: “los puertos de fiscalización se instrumentan a través de convenios que la Subsecretaría de Asuntos Agrarios suscribe con las comunas y Juntas de Gobierno estableciendo, en el artículo 5º, que el Poder Ejecutivo fijará anualmente un arancel por kilogramo de pescado. Lo recaudado ingresará al Fondo de Protección y Conservación de Fauna de los cuales, el setenta por ciento (70%) será destinado a la Comuna que ejerza de fiscalizador, según los términos que se pacten en cada convenio”. Para el legislador sin embargo, la ley no regla sobre las actividades relacionadas a la pesca deportiva subrayando que: “En general, los municipios con acuerdos vigentes han asumido las facultades de control, pero sin recibir compensación económica alguna”.
Concretamente, con las modificaciones impulsadas por Melchiori, los artículos quedan redactados de la siguiente forma: Art. 1º. Incorporase dentro del régimen de la ley Pesca Nº 4.892, la implementación de puertos de fiscalización de productos de la pesca comercial y la pesca deportiva, los que se instrumentarán a través de la Subsecretaría de Asuntos Agrarios mediante convenios que ésta podrá suscribir con las Municipalidades y Juntas de Gobierno de la provincia, previo informe y determinación de la Dirección de Recursos Naturales sobre los lugares apropiados para este fin.
Art. 5º. El Poder Ejecutivo anualmente fijará un arancel de fiscalización por kilogramo de pescado y el valor de los permisos de pesca deportiva, que por ser discriminatorio de acuerdo al valor de mercado de cada especie y de establecer, previo informe de la Dirección de Recursos Naturales, su producido ingresa al Fondo de Protección y Conservación de la Fauna creado por el Art. 78 de la Ley Nº 4.841.
Por último, el senador provincial destacó el invalorable aporte del Director General de Fiscalización Agroalimentaria, Jorge Florean, para la confección de las modificaciones aprobadas este por la Cámara Alta.
Modificaciones a la Ley de Pesca
En cuanto a los cambios a realizar en la Ley de Pesca, el representante de Islas en el Senado propone actualizarla “adecuándola al uso sustentable del recurso ictícola, acorde a las tendencias modernas en materia ambiental, en lo que a la práctica deportiva respecta”.
En los fundamentos, Melchiori expresa que el artículo 3º indica que: “para pescar en aguas de uso público de jurisdicción provincial, se debe contar con un permiso o licencia habilitante. Sin embargo, en el artículo 6º se exime de tal exigencia a los pescadores deportivos que utilicen artes de pesca permitidos para este deporte, sin destinar la captura de los ejemplares a la comercialización”. Según considera el senador, este punto en particular ha dado origen a varias interpretaciones y las enumera. “Primero, que los pescadores deportivos tienen como requisito ineludible la obtención de la licencia habilitante, previo pago de su arancel (art. 3º). Segundo, que los pescadores deben contar con una licencia habilitante gratuita -artículos 3º y 6º-; y lo narrado en los artículos 4º y 5º que, al referirse a los datos que se deben consignar en la licencia, no diferencian si se trata de pescadores deportivos, comerciales o artesanales da por sentado que todos están obligados a tenerla. Tercero, que se encuentran exceptuados de este requisito -art. 6º-, siempre y cuando no empleen medios masivos, no pudiendo comercializar los ejemplares que aprehendan. Esto último es de difícil verificación en la práctica, por parte de los organismos de control; en atención que, en diversas inspecciones se ha constatado la tenencia de mallas y de cantidades de piezas por parte de pescadores habilitados como “deportivos”, que superan la actividad para que obtuvieron la licencia”.
Melchiori consideró que, “más allá de las discusiones interpretativas, en la práctica, la Autoridad de aplicación –Secretaría de la Producción- en las distintas reglamentaciones que establecen los valores que rigen para la obtención de las licencias, históricamente ha impuesto a sus distintos organismos de control, la exigencia del cobro de permisos anuales y transitorios para la pesca deportiva, entre otras actividades”.
El parlamentario también destacó que, “la pesca deportiva se ha convertido en una importante fuente de ingresos para distintos sectores de la economía provincial siendo fuente de trabajo, tanto para operadores y trabajadores del turismo –alquiler de alojamiento, guías y baqueanos, renta y venta de equipos de pesca, náutica y camping, etc.-, por lo que merece especial atención desde los distintos estamentos del Estado provincial, con el objeto de su fomento”.
Melchiori resaltó que en legislaciones de otras provincias, la pesca deportiva tiene como requisito previo, la obtención de los permisos o licencias habilitantes, “por lo tanto, parece un despropósito que la ley vigente en Entre Ríos permita la práctica deportiva gratuita y, más aún, sin exigir habilitación alguna”.
En cuanto al artículo 6º de la ley de Pesca, su nueva redacción sería: “Exceptúese de las disposiciones del Art. 3º a los pobladores ribereños que pesquen con el único y exclusivo fin de su alimentación y la de su familia”.
Art. 6º. De los fondos que se recauden por tanto por pesca comercial, como por pesca deportiva, podrá destinarse hasta un setenta por ciento (70%) al ente Comunal que ejerza la fiscalización, según los términos pactados en el pertinente convenio.
Prensa Senador Provincial, Eduardo Melchiori (Islas del Ibicuy – PJ)
GRACIAS POR LA DIFUSIÓN DE LA PRESENTE INFORMACIÓN
